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Miembros de la comunidad de todo el Valle Central se reunieron en el Veterans’ Memorial Building de Visalia para una audiencia pública sobre el borrador de las normas del Departamento de Regulación de Pesticidas (DPR) para el pesticida cancerígeno 1,3-dicloropropeno (1,3-D), que muchos criticaron por no ser científicas e injustas. El borrador crea estándares separados y desiguales, estableciendo un límite de exposición más estricto de 0,04 partes por mil millones (ppb) para los “espectadores ocupacionales”, mientras que permite que los niños y los residentes (desproporcionadamente latinos e indígenas) se enfrenten a niveles de exposición 14 veces superiores, de 0,56 ppb. Estas discrepancias contradicen los hallazgos de la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental (OEHHA), que recomienda un umbral unificado para protegerse contra los riesgos de cáncer de por vida. El enfoque del DPR es discriminatorio y prioriza los intereses corporativos sobre la salud pública y perpetúa la injusticia ambiental. Se necesitan acciones inmediatas para revisar el proyecto de regulación y adoptar un estándar único basado en la ciencia para todos los californianos a fin de garantizar una protección equitativa contra los efectos de las pesticidas.